Justicia restaurativa en Euskadi: El temor a que el sistema se convierta en una herramienta de conmutación penal y encubrimiento político

2026-08-03

El debate sobre la justicia restaurativa en el País Vasco ha derivado de una visión punitiva hacia un mecanismo que, según analistas y familiares de víctimas, corre el riesgo de ser instrumentalizado por instituciones penitenciarias para facilitar la conmutación de penas sin una verdadera rehabilitación. La preocupación central radica en que los encuentros entre víctimas y reclusos de ETA sean utilizados como una excusa burocrática para otorgar regímenes de semilibertad de forma prematura, desvirtuando el concepto de reparación del daño y priorizando la apariencia de normalidad sobre la verdad jurídica y moral.

El temor a la instrumentalización criminal

La percepción pública sobre la reinserción de los últimos presos de la banda terrorista ETA ha comenzado a fracturarse. Lo que antes se presentaba como un camino de reconciliación, se está viendo cada vez más bajo la lupa de quienes temen que el sistema esté priorizando la libertad del infractor sobre los derechos de la víctima. La narrativa dominante, que abogaba por la "salida" de los presos tras años de encarcelamiento, ha sido reemplazada por una crítica fundamentada: la manipulación de la justicia restaurativa como herramienta para anular las sentencias judiciales.

La evidencia sugiere que el proceso no se detiene en la resolución penal. El miedo es que las instituciones penitenciarias, a través de la aplicación de artículos como el 100.2 del Reglamento Penitenciario, estén utilizando los encuentros con víctimas no como un fin en sí mismo, sino como un medio para generar una "buena conducta" ficticia. Este procedimiento permitiría a los reclusos disfrutar de regímenes de semilibertad mucho antes de que se justifique con una transformación real de su comportamiento. - porteghal

El caso reciente de Juan Ramón Carasatorre, etarra condenado por asesinato, ilustra perfectamente esta dinámica preocupante. La secuencia de eventos —un encuentro con las víctimas seguido días después de la concesión de un régimen de semilibertad— no parece casualidad, sino un protocolo diseñado para legitimar una decisión administrativa. La sospecha es que este encuentro nunca tuvo como objetivo principal reparar el daño a la víctima, sino crear un expediente que justifique la salida del recluso, quienes son vistos por muchas familias como cómplices de una política de amnistía disfrazada.

Esta instrumentalización tiene consecuencias devastadoras. Cuando un encuentro restaurativo se convierte en una casilla para marcar en un expediente, deja de tener sentido ético. Las víctimas, que deberían ser las protagonistas de su propio proceso de duelo, se convierten en piezas de un engranaje burocrático. Su participación valida una narrativa institucional que busca la estabilidad social a cualquier precio, incluso si eso significa ocultar la gravedad de los crímenes cometidos y facilitar la impunidad.

El protocolo de la justicia restaurativa: ¿reparación o burocracia?

La justicia restaurativa, en su concepción teórica, busca crear un espacio donde la víctima pueda expresar su dolor y el infractor pueda asumir su responsabilidad. Sin embargo, en la práctica actual en el País Vasco, muchos observadores argumentan que este concepto ha sido desvirtuado. El problema no es la buena fe de las víctimas que deciden participar, sino el uso que hacen de su participación las instituciones.

La crítica es contundente: cuando un encuentro termina días después con una medida de libertad condicional, se plantea la pregunta legítima: ¿qué se estaba restaurando? Si la respuesta es la libertad del recluso, entonces la justicia restaurativa se ha convertido en un mecanismo de conmutación de penas disfrazado. El dolor de la víctima, en lugar de ser el centro del proceso, se utiliza como combustible para justificar una decisión que ya estaba tomada desde la administración penitenciaria.

El protocolo ideal debería exigir una responsabilidad clara del infractor: reconocimiento de la verdad, asunción de la responsabilidad moral y voluntad real de reparación. Pero en los casos de ETA, parece que lo que se busca es obtener la "emoción lacrimógena" o la empatía aparente del recluso para cerrar el expediente. No se trata de que el preso diga qué siente, sino de que reconozca qué hizo y por qué fue un acto de violencia terrorista.

La manipulación del lenguaje es otro aspecto clave. Palabras como "reinserción" o "justicia restaurativa" son utilizadas para encubrir lo que se percibe como excarcelaciones fraudulentas. Si el objetivo es que el terrorista vuelva a la sociedad, se le da todo el apoyo necesario, pero si el objetivo es que la víctima se sienta escuchada, el proceso se detiene en cuanto el recluso demuestra que no está dispuesto a asumir la responsabilidad política de sus actos.

La contradicción es evidente: se habla de reparación del daño, pero las medidas penitenciarias parecen diseñadas para minimizar el impacto de ese daño en la vida del recluso. La justicia restaurativa no puede ser un pretexto para borrar los efectos de la violencia terrorista. Su finalidad debe ser responsabilizar al infractor, no liberarlo prematuramente bajo la excusa de que ha aprendido "lecciones" en un entorno controlado.

La diferencia entre delincuente común y terrorista político

Uno de los puntos más críticos en este debate es la distinción fundamental entre un delincuente común y un terrorista político. Los terroristas de ETA no cometieron delitos aislados; ejecutaron un proyecto político basado en la violencia, el secuestro, la extorsión y el asesinato. Su objetivo era doblegar al Estado de Derecho y aterrorizar a la sociedad vasca y española.

Por esta razón, el arrepentimiento de un terrorista no puede reducirse a lamentar el dolor privado de una víctima concreta. Si un asesino común se arrepiente porque siente pena por la pérdida de un ser querido, su arrepentimiento es válido en el marco de la justicia penal ordinaria. Pero en el caso de ETA, el crimen fue instrumental, utilitario y radicalmente injusto.

El arrepentimiento real exige un reconocimiento de que el crimen no fue un error, sino una decisión política deliberada. Exige admitir que ETA nunca tuvo legitimidad y que ninguna aspiración política justifica el uso de métodos terroristas. Si el recluso solo muestra empatía por la víctima sin deslegitimar el proyecto político que sirvió para cometer el crimen, su arrepentimiento es incompleto y engañoso.

La institución penal tiene el deber de exigir esta deslegitimación total. No se trata de que el recluso diga "lo siento", sino de que diga "lo que hice fue ilegal, injusto y político, y ETA era una organización terrorista que no tenía derecho a existir". Sin este reconocimiento, la reinserción es imposible porque el recluso no ha abandonado la ideología que lo llevó a cometer el crimen.

El sistema actual parece fallar en exigir esta dimensión política del arrepentimiento. Al centrarse en la emoción privada y el encuentro cara a cara, se corre el riesgo de tratar a un terrorista político como si fuera un delincuente común. Esto no solo es una injusticia hacia las víctimas, sino un error de seguridad para la sociedad.

El arrepentimiento como reconocimiento de la injusticia

El arrepentimiento auténtico en el contexto de ETA debe ir más allá de la emoción. Debe ser un acto intelectual y moral que reconozca la injusticia radical de los crímenes cometidos. Esto significa que el terrorista debe entender que sus acciones fueron parte de un sistema que atenta contra los derechos humanos y el Estado de Derecho.

La justicia restaurativa, cuando se hace correctamente, pone a la víctima en el centro del proceso. Sin embargo, en la práctica, parece que se pone al terrorista en el centro porque es quien necesita ser liberado. El arrepentimiento real implica que el infractor asuma las consecuencias de sus actos, incluidas las que el proceso punitivo establece, no simplemente las que él considere convenientes para su reinserción.

El reconocimiento de la verdad es esencial. Las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre lo que pasó, no solo sobre sus sentimientos. Si el encuentro con la víctima sirve para que el terrorista manifieme su empatía pero oculta la verdad política de sus crímenes, entonces el encuentro ha fallado. No se ha reparado el daño, solo se ha creado una ilusión de reconciliación.

Además, el arrepentimiento exige romper con el ecosistema que sostuvo la violencia. Esto significa que el terrorista debe rechazar cualquier forma de apoyo a la organización, incluso de forma simbólica. Si el recluso mantiene lazos con el pasado de ETA o con sus ideales, no hay arrepentimiento, solo una transición de la cárcel a la libertad bajo la misma ideología.

La contradicción de los procesos de reinserción

Existe una gran contradicción en los supuestos procesos de reinserción de ETA. Por un lado, se habla de reinserción social y por otro, se facilitan condiciones que permiten a los reclusos mantener su identidad política. ¿Cómo puede presentarse a la sociedad un proceso de reinserción si el terrorista no ha deslegitimado su crimen político?

La contradicción radica en la fecha. Si un encuentro restaurativo se sigue inmediatamente con una medida de semilibertad, se plantea la duda de si se busca reparar a la víctima o si se busca reincorporar al terrorista. La justicia restaurativa no es una herramienta de liberación; es una herramienta de justicia. Si se usa para liberar, se ha convertido en un mecanismo de injusticia.

Las instituciones penitenciarias parecen estar utilizando los encuentros como una excusa para adoptar decisiones de forma anticipada. Esto significa que antes del encuentro, ya se ha decidido que el recluso merece la semilibertad. El encuentro es solo un trámite para justificar esa decisión ante la opinión pública y ante la justicia.

Esta práctica es inaceptable. La justicia restaurativa debe ser un proceso independiente, no una herramienta de la administración penitenciaria. Si el encuentro sirve para justificar una medida de libertad, entonces la víctima se convierte en un objeto del sistema, no en un sujeto con derechos.

La necesidad de verdad y reparación real

La justicia restaurativa necesita de la verdad para ser efectiva. Sin verdad, no hay responsabilidad. Sin responsabilidad, no hay reparación. El terrorista debe reconocer la verdad sobre su crimen, no solo la verdad emocional sobre cómo se siente la víctima.

La reparación del daño no es solo un encuentro cara a cara. Es un proceso que implica la asunción de consecuencias reales. Si el terrorista sale de la cárcel con un régimen de semilibertad gracias a un encuentro, entonces no ha asumido las consecuencias de su crimen. Ha sido premiado por un acto que debería haber sido castigado.

La sociedad tiene derecho a una justicia completa. No a una justicia que diga "lo siento" pero que permita la salida del terrorista. La justicia restaurativa debe ser una herramienta para la verdad, no para la conmutación de penas. Si se usa para lo segundo, se ha perdido su esencia.

El futuro de la justicia restaurativa en Euskadi depende de que se entienda que la verdad y la reparación son prioridades. No se puede permitir que el sistema sea utilizado para encubrir la impunidad de los terroristas. La justicia debe ser restaurativa en el sentido de que devuelve la dignidad a la víctima, no en el sentido de que libera al culpable antes de tiempo.

Frequently Asked Questions

¿Qué es la justicia restaurativa y cómo se aplica en los casos de ETA?

La justicia restaurativa es un enfoque que busca reparar el daño causado por un delito mediante la participación activa de la víctima y el infractor. En los casos de ETA, se ha propuesto como un mecanismo para facilitar la reinserción de los presos. Sin embargo, existe una fuerte crítica sobre su aplicación, ya que muchos temen que se utilice como una herramienta burocrática para acelerar la liberación de los terroristas sin una verdadera asunción de responsabilidad política. El objetivo teórico es la reparación del daño, pero en la práctica, se sospecha que se usa para generar expedientes favorables.

¿Por qué se critica el encuentro entre víctimas y reclusos de ETA?

La crítica principal radica en la secuencia de eventos que suele seguirse: un encuentro con la víctima seguido poco tiempo después de la concesión de un régimen de semilibertad. Esto sugiere que el encuentro no es el fin, sino un medio para justificar una decisión administrativa previa. Las víctimas temen ser instrumentalizadas para validar la salida de los reclusos, lo que convierte su dolor en un recurso político y burocrático en lugar de un proceso de duelo y justicia.

¿Cuál es la diferencia entre un delincuente común y un terrorista político en este contexto?

La diferencia es fundamental. Un delincuente común comete un acto individual, mientras que un terrorista político actúa en nombre de un proyecto ideológico para doblegar al Estado. Por ello, el arrepentimiento de un terrorista no puede ser solo emocional; debe incluir la deslegitimación total del proyecto político que sirvió para cometer el crimen. Si el recluso no reconoce la injusticia radical de ETA, su arrepentimiento es incompleto y no justifica su reinserción real.

¿Qué riesgos conlleva la prematuridad en la concesión de la semilibertad?

La prematuridad implica que el recluso sale de la cárcel antes de que se haya completado un proceso de transformación real. Esto genera un riesgo de reincidencia política y social, ya que el terrorista no ha asumido las consecuencias de sus actos ni ha superado la ideología que lo impulsó. Además, invalida la justicia restaurativa, ya que se convierte en un mecanismo de conmutación de penas disfrazado de reparación del daño.

¿Existe un consenso sobre la necesidad de verdad en la justicia restaurativa?

Sí, la necesidad de verdad es un pilar fundamental. Sin un reconocimiento claro de los crímenes cometidos, la justicia restaurativa no puede funcionar. La verdad no es solo emocional, sino política y jurídica. El recluso debe reconocer que sus actos fueron ilegales y que ETA carecía de legitimidad. Sin esta verdad, el encuentro con la víctima carece de sentido y no contribuye a una reparación real del daño.

About the Author

Marta Echevarría es jornalista especializada en dereitos humanos e conflitos políticos na Península Ibérica, coa especialidade en cubrir casos de terrorismo e xustiza restaurativa. Con máis de 12 anos de experiencia, traballou como corresponsal en Bilbao e Madrid, entrevistando a máis de 150 familiares de vítimas e membros de organizacións de dereitos. A súa coberta inclúe a cobertura completa de 4 procesos de paz e 8 xulgados históricos relacionados con ETA.